Es la rama del Derecho que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, y las relaciones jurídicas entre la administración pública y los particulares y/uotros sujetos.
En esta práctica de Derecho, la firma incluye desde la asesoría, consulta y la tramitación procedimental ante este tipo de autoridades, y, en su caso, litigio contencioso administrativo y/o litigio constitucional. Sin que se entienda en una forma limitativa, estos son algunos ejemplos:
– Solicitudes, procedimientos y/o impugnaciones de resoluciones emitidas por cualquier autoridad en materia de desarrollo urbano (usos de suelo, de edificación, de construcción, etcétera).
– Impugnación de todo tipo de multas impuestas por autoridades administrativas (en materias de protección civil, tránsito, PROFECO, COFEPRIS, etcétera).
– Concesiones de bienes del dominio público.
– Declaratorias de interés público y procedimientos de expropiación.
– Concesiones de servicios públicos.
– Asesoría y gestión de autorizaciones, licencias y/o permisos ante autoridades federales, estatales y municipales.
– Atención a órdenes de visitas de verificación de autoridades, federales, estatales y/o municipales, así como atención y seguimiento a los procedimientos de sanción derivados de estas.
– Responsabilidad patrimonial del Estado frente a particulares.
– Juicios contenciosos administrativos en contra de autoridades municipales, estatales y federales.
– Litigio constitucional en contra de actos de autoridad, en contra de leyes y normas de aplicación general.
